La guerra del banano es un conflicto que se origina en el trato preferencial que la Unión Europea (UE) otorgaba a las importaciones de este fruto originarias de ciertos países de África, Caribe y Pacífico (ACP), en detrimento de algunas economías de América Latina. Iniciada en 1993, la disputa concluyó finalmente en el 2012 tras la resolución en el ámbito del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Representa un ejemplo de cómo los países en desarrollo pueden beneficiarse del sistema de solución de diferencias y pone de manifiesto la necesidad de que las economías de la región sigan reforzando sus capacidades para emplear este mecanismo.
La política de importación de banano de la UE implementada en 1993 dio lugar a un debate que duró 19 años y que se conoce como “la guerra del banano”. El conflicto se originó en el trato preferencial que la UE otorgaba a los países productores de banano de ACP. Las importaciones desde esos orígenes ingresaban libres de arancel, en tanto que las originarias del resto del mundo estaban sujetas a gravámenes. Esto perjudicaba a los exportadores latinoamericanos, así como a empresas de Estados Unidos –quien también participó del conflicto- radicadas en dichos países. La disputa –cuya evolución temporal puede seguirse en la visualización adjunta- concluyó en 2012 con la ratificación del acuerdo alcanzado hacia finales de 2009.
Antes de la conformación en 1993 de un mercado común, existían entre los países de la Unión Europea una gran variedad de regímenes de importación del banano. A grandes rasgos, los países se podían clasificar en dos categorías. La primera estaba constituida por Alemania, Austria, Suecia y Finlandia, los cuales defendían el comercio libre y daban acceso igualitario a sus mercados a todos los proveedores de cualquier región. En cambio, Italia, España, Portugal, Francia y el Reino Unido protegían a sus proveedores tradicionales de la región de ACP y conferían un trato preferencial a otros territorios de ultramar a los que les garantizaban un precio mínimo por sus bananos. Adicionalmente, imponían una cuota para limitar las importaciones de terceros países. Entre estos dos grupos se situaban los restantes países que aplicaban una tarifa común del 20% a los proveedores “no preferidos”, también con el objetivo de proteger a los países de ACP. La política de 1993 para unificar la estructura tarifaria resultó de la amalgama de estas políticas de importación.
El acuerdo de 1993 definía reglas de importación específicas para tres grupos de países: territorios de ultramar, países ACP y proveedores no preferidos. Se estableció una cuota para cada una de estas tres categorías de proveedores. Las exportaciones de los territorios de ultramar y las economías ACP estaban libres de impuestos hasta las cantidades establecidas en las cuotas. Las provenientes de países no-preferidos estaban gravadas con una tarifa de €100 por tonelada. Asimismo, las cuotas establecidas para los territorios de ultramar y los ACP superaban, en la mayoría de los casos, el nivel de exportaciones de bananos de esos países a la UE. En contraste, la cuota para los países de América Latina era inferior a las exportaciones de banano de estos orígenes a la UE antes de 1993. Este régimen era, pues, contrario al principio de no discriminación del GATT, puesto que no brindaba trato de nación más favorecida a todos los países miembros.
1995
Hasta 2014
El conflicto dividió al bloque de países latinoamericanos en dos grupos como consecuencia de las asignaciones de cuotas negociadas por algunos estados en el marco de la revisión de la política de importación europea. Un grupo estaba constituido por los países que aceptaron el nuevo régimen (Costa Rica, Venezuela, Nicaragua y Colombia) y el otro por aquellos que pedían un sistema alternativo (Ecuador, México, Honduras, Guatemala y Panamá). Estados Unidos apoyó al segundo grupo, argumentando que sus empresas se veían perjudicadas por el régimen de importaciones de la UE, puesto que la mayor parte de su producción estaba ubicada en estos países.
El régimen europeo de importación de banano fue recurrentemente puesto en tela de juicio y denunciado ante el OSD. Durante este período se fueron proponiendo diferentes soluciones que, yendo desde la modificación de las cuotas hasta cambios en los aranceles y en el sistema de distribución de licencias de importación, no lograban alcanzar un consenso que permitiese poner fin a la disputa. No obstante, se iba delineando el acuerdo que cerraría finalmente el conflicto. En diciembre de 2009, habiendo eliminado las cuotas tres años atrás, la UE acordó con las partes interesadas reducir gradualmente las tarifas de los bananos provenientes de América Latina hasta un nivel que fue aceptado por los países latinoamericanos, los cuales se comprometieron a no presentar objeciones relativas a este tema siempre que se cumpla lo pactado. Este acuerdo fue ratificado en el 2012 dando por concluida de esta manera a la “guerra del banano”.
Este caso ilustra cómo los países en desarrollo pueden beneficiarse del sistema de solución de diferencias de la OMC. Dicho sistema entró en vigor junto con la creación de la OMC en el año 1995 y está basado en el sistema anterior del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Fue concebido para vigilar el cumplimiento del marco regulatorio multilateral de comercio, buscando atenuar los desbalances de poder entre los actores débiles y fuertes, haciendo que las controversias se resuelvan conforme a las normas establecidas, y no por el arbitrio de la fuerza.
Los países de América Latina y el Caribe iniciaron, como reclamantes, 117 de las 488 controversias generadas en el marco de este sistema desde sus inicios hasta diciembre de 2014 (24%, contra una participación del 6% en las exportaciones mundiales a 2013). Los países más activos han sido Brasil, México y Argentina, pero todas las naciones latinoamericanas, con excepción de Bolivia y Paraguay, han empleado el mecanismo por lo menos una vez, poniendo en evidencia la importancia del sistema. De hecho, ha habido varias ocasiones en donde naciones de la región han ganado casos contra grandes potencias comerciales, como en el caso de las controversias iniciadas contra Estados Unidos por Venezuela respecto de los estándares para la gasolina, Costa Rica con relación a restricciones de importación de ropa interior y Brasil por los subsidios al algodón.
