En las últimas décadas, la atención ha virado hacia el rol creciente de las medidas no arancelarias, debido a la caída de aranceles en el marco de las negociaciones multilaterales y regionales. En ese contexto, se destaca la proliferación de estándares privados, normas ambientales, sociales, laborales y de otra índole, que son de carácter voluntario y son impulsadas en general por empresas privadas o grupos de firmas. Para América Latina y el Caribe, los estándares privados implican mayores exigencias que los requisitos oficiales y la imposibilidad de cuestionar medidas que pueden ser arbitrarias ante la OMC, pero también abren oportunidades para acceder a mercados de nicho donde los precios percibidos por los productores pueden ser superiores.
Durante las últimas décadas, los aranceles han disminuido considerablemente en gran parte del mundo en el marco de acuerdos multilaterales y preferenciales. Paralelamente, ha crecido otro tipo de restricciones al comercio internacional: las medidas no arancelarias (MNA) –como las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y obstáculos técnicos al comercio (OTC) que pueden responder a intereses genuinos de los países por asegurar la salud o seguridad de los consumidores. Si bien las MNA pueden ser utilizadas con fines proteccionistas, existen compromisos en el marco de la OMC.
Sin embargo, las nuevas barreras al intercambio no provienen solamente de la política comercial. Durante los últimos años cobraron relevancia los estándares privados. Se trata de requisitos en materia de prácticas laborales, ambientales, calidad, seguridad, sanidad, trazabilidad y sustentabilidad, entre otros, exigidos por empresas o grupos de empresas para la producción o la comercialización. Si bien estas normas son de cumplimiento voluntario y no se aplican exclusivamente a las importaciones, pueden funcionar como barreras al comercio porque aquellos productores que no alcanzan los estándares quedan fuera de esos mercados. Considerando que muchos de estos estándares son aplicados por grandes cadenas de comercio minorista, el costo de no cumplir con los estándares puede ser muy elevado. Estos requisitos suelen ser más exigentes que los impuestos por los Estados, pero al no formar parte de la política comercial no pueden ser negociados ni cuestionados en el marco de la OMC o de acuerdos comerciales regionales.
Las causas del aumento en la utilización de estándares privados incluyen, por un lado, las crecientes preocupaciones de las empresas y consumidores por cuestiones medio ambientales y sanitarias, así como por el respeto de los derechos laborales en los procesos de producción, e inclusive de los derechos de los animales. Por otro lado, las empresas líderes, al fragmentar sus procesos productivos, utilizan una red de proveedores cada vez más amplia, y por tanto necesitan establecer o adoptar normas y códigos que garanticen que se sigan determinadas prácticas y se cumplan ciertos requisitos.
Los estándares privados pueden dividirse en tres categorías: a) de carácter sectorial, usualmente desarrollados por consorcios (como el Global GAP[1]); b) establecidos por la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales (como el Forest Stewardship Council[2]); c) desarrollados por las empresas para ser aplicados a sus respectivas cadenas de valor.
En la visualización adjunta se mencionan algunos de los principales estándares privados actualmente vigentes. Los mismos cubren distintos temas (ambientales, sociales, de gestión y calidad, éticos y de producción orgánica) y afectan principalmente a alimentos, tanto vegetales como animales, pero también a otras actividades tales como la forestal. Los mercados donde se los emplea con más frecuencia son Australia, Canadá, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos. Además de los alimentos, otro sector en el que abundan los estándares privados es el de textiles y confecciones, especialmente en términos de comercio justo y calidad de los insumos.
En este escenario, los exportadores de los países en desarrollo ven crecientemente condicionada su participación en las cadenas globales de valor al cumplimiento de estándares privados, que se suman a las normas oficiales establecidas por cada país. A su vez, estas normas abren una oportunidad para los países de acceder, en la medida en que estén en condiciones de cumplirlas, a mercados premium los que los productores reciben precios mayores a los vigentes en los segmentos menos diferenciados.
La cuestión en torno a la proliferación de estándares privados es si tienden a restringir el acceso a mercados o a premiar a los productores que mejoren la calidad, produzcan respetando la sustentabilidad social y ambiental o innoven para obtener productos diferenciados.
Los estándares privados, de cumplimiento voluntario, son más exigentes que los requisitos impuestos por los Estados
No pueden ser cuestionados en el marco de la OMC
Abren una oportunidad para los productores en condiciones de cumplirlos, para acceder a mercados diferenciados
Dado que América Latina y el Caribe concentra una parte relevante de sus exportaciones en alimentos y productos agropecuarios, se abre para la región un enorme desafío para lograr avanzar en la adopción de mejores prácticas que permitan a un número creciente de productores insertarse en nichos donde estos atributos están valorizados.
En este contexto, resulta importante avanzar por un lado en la difusión de estos estándares, de modo de favorecer su conocimiento por parte de los productores, y también generar mecanismos que faciliten la adaptación de los procesos productivos a los requisitos allí establecidos. Por otro lado, es necesario que los países de la región exijan una mayor transparencia en los mecanismos de decisión asociados al diseño y monitoreo de estas certificaciones, a la vez que se desarrollen certificaciones propias.
[1] Global GAP es una iniciativa del sector minorista de supermercados de Europa para armonizar normas y desarrollar un sistema independiente de certificación para las buenas prácticas agrícolas.
[2] El FSC es una ONG cuya finalidad es promover el manejo ambiental y socialmente sustentable de los bosques. Para ello, el FSC desarrollo un conjunto de estándares que les permite a las empresas obtener una certificación de gestión sustentable de los bosques.
