Los sistemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) reconocen los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. Al menos 12 países de la región están avanzando en la implementación de PSA para proteger bosques, cuencas hidrográficas y biodiversidad. Es necesario avanzar en el desarrollo de sistemas de PSA regionales para proteger recursos compartidos y a las comunidades locales que viven de ellos, si bien esto involucra importantes desafíos y complejidades.
Los sistemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) constituyen un instrumento innovador para implementar políticas y programas de conservación de recursos naturales y protección de comunidades locales y están siendo crecientemente utilizados en los países de América Latina y el Caribe.
Los PSA reconocen los servicios ambientales que prestan los ecosistemas: servicios de suministro (alimentos, combustibles, agua), servicios de regulación (regulación climática, de inundaciones, de sequías, de degradación del suelo, de enfermedades), servicios de base (formación del suelo y ciclos de los nutrientes) y servicios culturales (beneficios recreacionales, espirituales, religiosos y otros beneficios intangibles).
En un esquema de PSA, los proveedores del servicio ambiental (en general, comunidades rurales que viven en contacto y dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia) firman un acuerdo voluntario, a través del cual son compensados económicamente por los beneficiarios del servicio.
En la región, al menos 12 países están avanzando en la implementación de sistemas de PSA para proteger cuencas hidrográficas y bosques y conservar la biodiversidad y el paisaje: Costa Rica, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Perú, Ecuador, Honduras, Bolivia, Chile, República Dominicana y Panamá.
Sería deseable poder avanzar en el desarrollo de sistemas de PSA regionales a fin de proteger recursos compartidos entre varios países y a las comunidades locales que viven de ellos.
Principales áreas de implementación de estos esquemas:
i) Protección de cuencas hidrográficas;
ii) Protección de bosques;
iii) Conservación de la biodiversidad;
iv) Conservación de la belleza del paisaje.
Sin embargo, esto involucra importantes desafíos, pues se precisa identificar y comprender cabalmente el contexto legal, económico y social de los potenciales proveedores y beneficiarios del servicio ambiental que será objeto del acuerdo; identificar las políticas y regulaciones vigentes en la zona del servicio ambiental; determinar el estado del servicio ambiental en términos de calidad, cantidad y garantías de suministro en el futuro; identificar a los intermediarios del servicio; estimar los costos de transacción; acordar el precio a pagar (por ejemplo, mediante un análisis de disponibilidad a pagar y costos de oportunidad); especificar quién será el responsable y de qué tipo de acciones, qué resultados se esperan de los servicios ambientales, cómo serán demostrados esos resultados y quién será el responsable del monitoreo, evaluación, verificación y certificación de lo acordado y especificar cómo se recibirán los pagos y con qué periodicidad.
El desarrollo de esquemas de PSA regionales se perfila, pues, como un instrumento importante para proteger recursos naturales compartidos pero requiere de un cuidadoso análisis de las complejidades involucradas en su diseño e implementación.
