Se está impulsando crecientemente la liberalización del comercio de bienes ambientales, es decir, productos amigables con el medio ambiente e insumos que pueden acelerar la adopción de tecnologías y procesos más limpios. Esto abre oportunidades para América Latina y el Caribe tanto para capitalizar ventajas competitivas existentes como para aprovechar la creación de mercados nuevos.
Los llamados “bienes ambientales” son productos que resultan en sí mismos amigables con el medio ambiente o bien que son utilizados en la producción de bienes que pueden acelerar la adopción de tecnologías y procesos más limpios.
Los bienes ambientales se incluyeron en las negociaciones comerciales multilaterales por primera vez en 2001, como un subconjunto de bienes y servicios del Programa de Doha para el Desarrollo aprobado en la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los bienes bajo discusión en el marco de la OMC son definidos como aquellos “bienes manufacturados y productos químicos utilizados en la provisión de servicios ambientales (Clase A) o bienes industriales y de consumo cuya producción, uso final y/o disposición final posee características ambientales positivas (Clase B)”.
Sin embargo, no existe aún una definición universalmente aceptada de qué constituye un “bien ambiental”. Tradicionalmente, los bienes ambientales han sido concebidos como aquéllos que pueden resolver problemas ambientales relacionados con la contaminación del aire y el agua, la contaminación sonora y el manejo de residuos. Sin embargo, en años recientes el foco se ha ampliado hasta incorporar bienes que permiten abordar los desafíos que plantea el cambio climático, esencialmente, tecnologías para el desarrollo de energías renovables y soluciones con bajo consumo de carbono para el transporte, edificios y otras aplicaciones.
Se han presentado varias propuestas sobre cómo definir la lista de bienes ambientales que serán favorecidos por menores restricciones comerciales. En 2012 los líderes de las 21 economías que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) acordaron liberalizar los aranceles aplicados a los bienes ambientales comprendidos en una lista de 54 categorías de productos. Además de esta lista, varias otras fueron presentadas durante el curso de la Ronda de Doha por miembros de la OMC, mientras que otras se desarrollaron en los ámbitos académicos. Un grupo auto-denominado «Amigos de los Bienes Ambientales», integrado por Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Taipéi Chino, Suiza y EE.UU., presentó a la OMC la lista de bienes ambientales más completa hasta el momento, la cual abarca diversos sectores con un total de 153 productos.
En julio de 2014, un grupo de 14 miembros de la OMC, incluyendo a EE.UU., la Unión Europea y China, comenzaron formalmente las negociaciones para un nuevo acuerdo destinado a liberalizar el comercio de bienes ambientales, tomando como base la lista acordada por APEC en 2012. Este acuerdo agrupa a algunos de los principales importadores y exportadores de bienes ambientales a nivel global, el grupo negociador cubre el 86% del comercio mundial de «mercancías verdes». Costa Rica es el único país de América Latina que se sumó al lanzamiento de esta negociación, dejando de lado que Chile, México y Perú son economías partes de APEC.
Hay que destacar, no obstante, que hay países en desarrollo que no pertenecen al grupo y que, sin embargo, participan activamente en el comercio de bienes ambientales. Entre éstos destaca México, quien en 2012 tuvo un comercio de bienes ambientales de US$ 24 mil millones.
153 son los bienes ambientales incluidos en una de las principales listas para ser favorecidas por menores restricciones comerciales
10° es la ubicación de México como exportador de bienes ambiéntales a nivel mundial, único exportador significativo de la región
A la fecha, las negociaciones se han centrado en una serie de rondas de discusión en las cuales los países debaten los productos a incluir dentro de tipos específicos de bienes o sectores, incluyendo control de la contaminación del aire, manejo de aguas residuales y tratamiento de agua potable, manejo de residuos sólidos y peligrosos, remediación ambiental, mitigación del ruido, monitoreo y análisis ambiental, energía más limpia y renovable, eficiencia energética y eficiencia en el uso de recursos.
Las negociaciones han estado marcadas por desacuerdos entre países desarrollados y en desarrollo. Uno de los principales puntos de conflicto ha sido si un solo posible uso final que no sea favorable al medio ambiente debería ser suficiente para descalificar a un producto. Uno de los puntos de vista ha sido que si las negociaciones tuvieran lugar en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC las mercancías deberían tener exclusiva (o predominantemente) usos finales favorables al medio ambiente. Mientras que los países desarrollados argumentan que esto excluiría a muchos productos, Argentina e India han propuesto un enfoque integrado que liberalizaría temporalmente cualquier bien utilizado para proyectos ambientales específicos. Otros miembros, sin embargo, han expresado su preocupación respecto del hecho de que esta aplicación selectiva no tendría como resultado la liberalización obligatoria a largo plazo y sería difícil de implementar.
Estas discusiones llevaron, entre otras cosa, a que la lista de los Amigos de los Bienes Ambientales se redujera finalmente a 153 productos, de los más de 400 que se habían presentado originalmente.
Otra crítica de los países en desarrollo ha sido la falta de inclusión de productos de interés exportador para sus economías. Sin embargo, a excepción de Brasil que propuso el etanol, ningún otro producto específico han sido respaldados por los países en desarrollo.
La liberalización del comercio de bienes ambientales puede tener implicancias positivas para los países de América Latina y el Caribe, pues abre oportunidades para capitalizar ventajas competitivas existentes así como para aprovechar la creación de nuevos mercados. La concreción de este acuerdo supone que los países en desarrollo que produzcan estas mercancías verdes, deberán ajustarse a estándares y tecnologías de los países desarrollados. Sin embargo, la reducción de las tarifas al comercio de estos bienes redundaría en menores costos de insumos y de tecnologías “verdes”, lo que incrementaría las posibilidades de la región de avanzar hacia senderos de desarrollo menos intensivos en energía y en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
