Durante más de medio siglo, muchos países –principalmente desarrollados- han implementado todo tipo de medidas tendientes a proteger y estimular su producción agropecuaria. Si bien se han reducido durante los últimos años, estas políticas siguen incluyendo importantes barreras de acceso a mercados y distintos tipos de subvenciones que no solamente impactan sobre las economías que las utilizan, sino también sobre consumidores y productores del resto del mundo. Gran parte de dichas medidas resultan perjudiciales para algunas economías en desarrollo muy competitivas en la producción agropecuaria, entre ellas varias de América Latina y el Caribe. Consiguientemente, las ganancias potenciales para la región de una liberalización agrícola serían muy importantes, y algunas de las reformas necesarias solamente pueden negociarse en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En contraste con lo que sucede en el comercio de manufacturas o servicios, donde los países desarrollados (PD) reclaman a muchos países en desarrollo (PED) una reducción a las barreras al comercio, en el caso de la agricultura un grupo de economías emergentes –junto con otros PD muy competitivos– impulsa un menor uso de medidas proteccionistas y distorsivas por parte de los PD.
Con el fin de garantizar el abastecimiento alimentario, proteger a los productores de la volatilidad de los precios o preservar el paisaje rural y la tradición del campesinado, muchos PD como Japón, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Noruega, Suiza y la República de Corea, utilizan diversos instrumentos para estimular a la actividad agropecuaria. En dichos países, el sector se encuentra protegido por un amplio abanico de medidas que incluye aranceles altos y crestas arancelarias, cuotas y contingentes arancelarios, uso frecuente de medidas de defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, requisitos de etiquetado, restricciones vinculadas a los derechos de propiedad intelectual o a cuestiones ambientales, entre otras medidas que limitan el acceso a los mercados por parte de los exportadores más eficientes. Asimismo, los productores agropecuarios de los PD se benefician de ayudas internas (subsidios a la producción) y subvenciones a las exportaciones que contribuyen a reducir el precio internacional de los alimentos, perjudicando a los exportadores del resto del mundo.
En la visualización adjunta al presente texto se hace foco en los subsidios, que son un factor distorsivo de enorme impacto sobre el comercio agrícola. Si bien estas subvenciones han caído como proporción del producto en las últimas tres décadas según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), continúan siendo muy elevados. Por ejemplo, la Política Agrícola Común (PAC), que comprende gran parte de las ayudas al sector en la UE, representa alrededor de 40% del presupuesto comunitario.
En el caso de las ayudas internas, el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC permite clasificarlas en tres categorías: a) la caja ámbar, que incluye a las medidas prohibidas por tener efecto en la producción y generar distorsiones en el comercio; b) la caja azul, que comprende ayudas condicionadas a que los agricultores limiten su producción y por lo tanto están permitidas; y c) la caja verde, que abarca medidas de aplicación libre pues sus efectos distorsivos sobre la producción y el comercio son mínimos. Debido al exceso de producción que generaban algunas ayudas, a los cambios en la regulación multilateral y a las presiones de algunos países, a lo largo del tiempo los PD han ido cambiando la composición de los subsidios a la producción, reduciendo los de la caja ámbar y aumentando el peso relativo de las ayudas de las cajas azul y verde. Las subvenciones a las exportaciones debían eliminarse en 2013, pero en el marco del estancamiento de la Ronda de Doha ese plazo no fue cumplido.
El proteccionismo agrícola tiene efectos negativos sobre agricultores del resto del mundo, entre ellos los de algunos países latinoamericanos
La Política Agrícola Común (PAC) de la UE representa alrededor de un 40% del presupuesto comunitario
Si se liberalizara el comercio agrícola, América Latina incrementaría sus ingresos reales entre U$S900 millones y U$S 3.100 millones
Si bien en muchos casos los niveles de protección se redujeron, las distorsiones siguen siendo muy significativas y perjudiciales para los productores y exportadores del resto del mundo. Por un lado, las barreras de acceso a los mercados de los PD limitan las exportaciones de los países más eficientes, particularmente en los productos agropecuarios procesados, donde se concentran los mayores niveles de protección. Por otro lado, los subsidios a la producción y las subvenciones a las exportaciones exponen a los productores más competitivos a competencia artificialmente barata tanto en sus propios mercados como en terceros países.
Según Giordano, Nogués y Piñeiro (2010), la liberalización del comercio agrícola en el seno de la OMC beneficiaría a América Latina con un incremento de sus ingresos reales de entre USD 900 millones y USD 3.100 millones, según el grado de ambición de las reformas que finalmente se adopten. Los países del Cono Sur serían los principales beneficiarios, seguidos por Centroamérica y los países andinos. En modelos dinámicos que toman en cuenta los efectos potenciales sobre la acumulación de capital y la innovación tecnológica, el impacto sería aún más significativo. Los efectos de la liberalización comercial sobre el empleo y la distribución del ingreso en general son también favorables para la región.
Justamente las diferencias en torno a la liberalización del comercio agropecuario son uno de los temas que han impedido la conclusión de la Ronda Doha Si bien algunos países de América Latina han obtenido mejoras de acceso a mercados y ciertas concesiones en materia de subvenciones a las exportaciones en los acuerdos regionales con PD, otros países no han suscrito esos acuerdos y no cuentan con esas ventajas. Asimismo, aun en los casos en que existen acuerdos comerciales, ciertos temas no están incluidos –como las ayudas internas o las subvenciones a las exportaciones a terceros mercados–, que solamente se negocian en el ámbito multilateral. Por este motivo, la conclusión de la Ronda de Doha resulta clave para que la región pueda beneficiarse de la reducción de barreras al comercio agropecuario en los PD.
