La idea de Software Público tiene como creador y uno de sus más fuertes impulsores a Brasil, que desde el año 2007 cuenta con el Portal do Software Público Brasileiro para recabar, compartir y difundir herramientas y servicios desarrollados por o para el estado y liberados, con su correspondiente código fuente bajo licencias abiertas.

No existe una definición estandarizada de Software Público, pero podemos tomar como base la que ofrece el Centro de Estudios de Software Libre (CESOL) para el caso de Uruguay, sobre la base de la definición original brasilera:

“…es aquel software utilizado por el Estado cuyo licenciamiento cumpla con las cuatro libertades del software libre según la Free Software Foundation, que posea una licencia libre de marca y exista una comunidad virtual nacional activa cuyo objetivo de comunidad sea asegurar el desarrollo y evolución de dicho software mientras su existencia sea útil a los fines de la sociedad”.

Según ésta definición entonces, no es software público cualquiera que sea adquirido o desarrollado por el estado, aún tratándose de software libre, si no cumple además con los siguientes puntos clave:

• Licencia Libre de Marca: referente a la cesión de los derechos de toda marca, nombre, logotipo o isotipo que se relacione con el software libre que se pretende sea catalogado como software público, evitando restricciones indirectas.

• Comunidad Virtual Nacional: en relación a la existencia de una comunidad activa de personas que pertenezcan al país, vinculadas al desarrollo y evolución de dicho software. Los actores de esta comunidad podrían ser agentes del gobierno, empresas, asociaciones civiles o individuos.

Los beneficios del Software Público, según el Portal do Software Público Brasileiro son los siguientes:

• Economía de recursos: en la reutilización de desarrollos pagados por el estado, ahorrando en la repetición de tareas y muchos de los trabajos accesorios al desarrollo como testing y debugging, así como la reducción de tiempos que deriva a su vez en economía de producción.

• Independencia de proveedores: No se establecen relaciones de dependencia en la medida que el código está disponible y puede ser mantenido por cualquier empresa o desarrollador. Esto facilita la contratación de nuevas empresas distintas al desarrollador original del software, mejorando la calidad de los servicios y fomentando la reducción de costos.

• Seguridad: El acceso al código permite al estado comprobar por sí mismo la seguridad del software, que puede ser auditado en su totalidad. Hace posible la eliminación de partes dudosas, fallas peligrosas o backdoors.

• Conocimiento compartido: Mediante la utilización de código abierto, las innovaciones pagadas por el estado pasan a ser patrimonio de toda la sociedad y permitiendo que las mejoras sean adoptadas por todos los usuarios, en beneficio especialmente de pequeñas y medianas empresas. Además, el fomento a las comunidades alrededor de estos productos fortalece e incentiva el intercambio de conocimiento entre organismos de distintas escalas, organizaciones, empresas e individuos.

En nuestra región los países que han adoptado políticas de Software Público son Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.