La evasión fiscal representa una ruptura del contrato social que vincula a ciudadanos y estado, aumentando -especialmente en países menos desarrollados- la vulnerabilidad de los sectores más pobres y debilitando los servicios públicos. Estas prácticas además favorecen una serie de flujos y conductas  perjudiciales en un círculo vicioso, como el blanqueo de dinero procedente de actividades criminales, los sobornos y el robo de activos estatales.

Por el carácter global de los flujos comerciales y de inversiones, estas decisiones políticas pueden tener grandes impactos en jurisdicciones completamente diferentes de las que originalmente surgieron.

La transparencia financiera se traduce en la publicación de toda la información financiera que permita la aplicación, por parte del gobierno, de regulaciones y políticas fiscales eficaces sobre la actividad económica y financiera; por parte de los actores privados, incluídos los inversores, se transforma en la confianza de que los competidores estén actuando en conformidad con las mismas reglas; mientras que, para la sociedad civil, se trata de conseguir que todos los actores, tanto públicos como privados, rindan cuentas por sus actividades. Hay varios motivos por los cuales la transparencia financiera es vital para el buen funcionamiento tanto de las realidades estatales como de los mercados: sirve como punto de partida para actuar contra el fraude y la corrupción, mejora la confianza pública en la efectividad y la justicia de los sistemas tributarios, mejora la eficacia del mercado al facilitar el descubrimiento de los precios reales y el descubrimiento de costes ocultos, e incrementa la calidad de los datos. Con carácter más general se puede afirmar que contribuyen a la igualdad de condiciones, a que el funcionamiento del mercado sea más justo y a que la situación sea más propicia para analizar correctamente los riesgos de las inversiones.

Los estados deciden el estatuto jurídico de las sociedades, les ordenan la publicación de la información, tras lo cual recogen dicha información. Una enorme ventaja, que se adquiere de forma muy habitual con la constitución de una empresa, es la responsabilidad personal limitada; pero para que esta exención de la responsabilidad esté justificada, es importante que exista, por una parte, una transparencia financiera real sobre el comportamiento que permita a socios comerciales, clientes y autoridades fiscales confiar en la empresa; y por otra parte, transparencia real sobre la propiedad, de manera que puedan evitarse situaciones de fraude, manipulación del mercado, así como otros abusos delictivos de los instrumentos corporativos. De ser así, empresas y sociedad podrían beneficiarse de la acción estatal en la salvaguardia de una transparencia real basada en  un círculo virtuoso en cuyo núcleo se sitúe la garantía de cumplimiento. Sin embargo, en muchos países ni siquiera está permitido confirmar la existencia de una empresa sin el previo pago de honorarios. Además, aún es más complicado obtener los datos sobre sociedades que actúan en varias jurisdicciones, pudiendo estar representado, en ciertas ocasiones, solamente una visión parcial o sensiblemente limitada de la sociedad. La escasez de datos disponibles sobre las empresas y su trabajo favorece el blanqueo de dinero, la evasión fiscal, el soborno, el robo de activos públicos, la financiación del terrorismo, y la asunción de riesgos demasiado elevados que pueden provocar vulnerabilidad sistémica.