El dinero que un Gobierno desembolsa, cómo y en beneficio de quién lo hace es prácticamente siempre, una cuestión central cuando pensamos en transparencia y -por supuesto- en Gobierno Abierto. De ahí que sea fundamental para brindar a la ciudadanía un máximo de rendición de cuentas e información igualmente valiosa para la toma de decisiones pública o privada, la existencia de información sobre contrataciones públicas que sea completa, actualizada, suficientemente granular y -lógicamente- abierta.

De ahí que nos referiremos a Contrataciones Públicas Abiertas u “Open Contracting”, guiándonos por la definición dada en el sitio Open-Contracting.org, de Oxfam América, World Bank Institute, la Cooperación Internacional Alemana, Construction Sector Transparency Initiative (CoST), Transparencia Internacional, Colombia Compra Eficiente, Government Procurement Policy Board de Filipinas e Integrity Action:

“Open Contracting refiere a normas y prácticas para aumentar la divulgación y participación en las contrataciones públicas incluyendo licitación, rendimiento y finalización. Incluye una variedad de tipos de contratos, desde los más básicos para la compra de bienes, a contratos complejos, acuerdos de asociación, licencias y acuerdos de intercambio de producción. Open Contracting acompasa todas las contrataciones públicas, incluyendo contratos financiados por la combinación de fuentes públicas, privadas y de donantes.”

Al existir información sobre contrataciones públicas, es posible que tanto ciudadanos como organizaciones o cualquier dependencia gubernamental, analice la información para aumentar la eficiencia del estado y minimizar las chances para la corrupción. Por eso resulta vital que esta información abarque todos los sectores de la economía, todas las áreas del Gobierno y todos los tipos de contratos, incluso las concesiones y venta de propiedad pública.

Para los propios gobiernos, compartir esta información entre organismos implica conocimiento y evaluación de los proveedores del estado, evitando a aquellos que ya han demostrado poca confiabilidad o eficacia y premiando a quienes dan buenos resultados. También se obtienen métricas de comparación a nivel de costos, que facilitan la planificación y la evaluación de llamados y licitaciones.

La ciudadanía, la prensa y la sociedad civil, tienen en esta información la oportunidad de controlar el trabajo de los proveedores del estado, analizar los vínculos de poder entre las empresas y los gobernantes, conocer el destino de los dineros públicos y las condiciones en que las contrataciones públicas son ejecutadas a nivel de tiempos, costos, calidad, etc.

Según el Open Data Index de Open Knowledge, sólo 11 países cuentan con información sobre gastos del gobierno (que no implica necesariamente una visión totalmente abarcativa de contrataciones públicas abiertas) disponible públicamente en formatos digitales. Aún menos son quienes ofrecen esta información para su descarga a granel y con licencias abiertas para garantizar su reutilización.

“[…] En muchos países la información pública sobre cómo se negocian los contratos, cuál ha sido el objeto del contrato, cómo se están desempeñando los trabajos relacionados o quién es responsable por ellos es muy limitada. En ocasiones, incluso los parlamentarios y las máximas instituciones de control de cuentas públicas encuentran trabas a la supervisión de la asignación de recursos por parte del gobierno amparadas en criterios de confidencialidad. De forma semejante, los ciudadanos tienen muy escasos cauces para controlar qué ocurre con los contratos públicos.”

Estas prácticas pueden ser aplicadas a todo tipo de contratos, licencias, acuerdos y permisos, de financiación pública o cualquier combinación con fuentes privadas o donaciones y en todos los niveles de gobierno.